2 de abril de 2011

Ley para la atencion de paciente psiquiatrico Historia-Actualidad. Venezuela

En noviembre de 1990 se celebró en Caracas, Venezuela, la Conferencia sobre Reestructuración de la Atención Psiquiátrica. La finalidad de la misma fue formular marcos de referencia para la reestructuración de la atención psiquiátrica en AméricaLatina y promover su transformación en base a los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La importancia de esta Declaración en el campo de la legislación de salud mental surge del punto 4 de sus "Considerandos", donde se declara que "las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que:
a.
b. aseguren el respeto a los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales.
c. Promuevan la organización de los servicios comunitarios de salud que garanticen su cumplimiento".
CARACTERÍSTICAS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA EN AMÉRICA LATINA
La Conferencia de Caracas urgió al análisis de los textos normativos vigentes en materia de atención psiquiátrica en América Latina . El estudio, que abarcó a todos los países de la región, permitió arribar a las siguientes conclusiones:
1.
2. Aunque la legislación trata de considerar la multiplicidad de los factores que influyen en el proceso de salud mental, una serie de problemas continúan manifestándose. En primer lugar, y según establecieron los expertos de salud mental y los legisladores participantes en la Conferencia, la mayor parte de las normas no se cumplen. En la práctica, las estructuras de atención existentes no se ajustan a las provisiones que, en algunos casos, contienen los basamentos que permitirían incorporar la multiplicidad de factores involucrados en el proceso de salud mental. Tampoco existe un marco empírico que permita la salvaguarda de los derechos de los pacientes.
3. Ninguno de los países estudiados contaba con una ley específica sobre salud mental capaz de regular desde una perspectiva integral todos sus aspectos. Por lo común, el tratamiento de la materia se realiza a través de códigos o leyes generales de salud que, como su nombre lo indica, se limitan a establecer principios generales. Se notó asimismo la creación de comisiones y consejos técnicos encargados de la administración de algunos servicios, o de la reglamentación de las entidades dedicadas a la atención de la salud mental.
4. Por consiguiente, se concluyó que los marcos jurídicos existentes favorecían la perpetuación de modelos de atención ya superados. En consecuencia, en la mayoría de los países de América Latina la atención psiquiátrica se centraliza en los hospitales psiquiátricos. Este fenómeno produce resultados negativos en tres áreas: la atención de los pacientes, la garantía de sus derechos humanos y civiles, y la capacitación de recursos humanos.
Los derechos humanos y civiles de los pacientes se ven particularmente alterados ya que la carencia de normas claras hace que en los hospitales psiquiátricos como instituciones mentales totales, generan condiciones proclives a su violación, en especial en lo que atañe al derecho a la intimidad. Esta situación también afecta el acceso de los pacientes a tratamiento adecuado a su condición, ya que son mantenidos en guardias junto con pacientes con necesidades diferentes. El hospital mental refuerza el estigma que tradicionalmente ha rodeado a los pacientes con trastornos mentales, a sus familias y al personal médico encargado de su atención.
Esta situación perjudica la integración de los pacientes a la comunidad. Más aún, por lo común, los pacientes con trastornos mentales no reciben asesoramiento previo a su salida de una institución de salud mental y, una vez fuera de la misma, no cuentan con acciones de seguimiento.
Finalmente, también se observó la falta de aplicación práctica de las medidas sobre la atención psiquiátrica y la salud mental. Este fenómeno era causado principalmente por la falta de condiciones adecuadas, estructuras institucionales y acceso real al sistema de salud.
NUEVAS TENDENCIAS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL
Las nuevas tendencias observadas en América Latina obedecen a una serie de factores:
1.
2. La Declaración de Caracas impulsó a varios países en América Latina a examinar su legislación sobre atención psiquiátrica con miras a adaptarla a sus principios. Es posible identificar dos instrumentos legales que han incorporado específicamente los principios de la Declaración. El primero es el Decreto de costarricenses No. 20665 del 25 de julio de 1991 que se refiere expresamente a la Declaración y establece que el Plan de Salud Mental Nacional se elaborará en conformidad con ella. El Decreto también señala que los programas de atención psiquiátrica y salud mental se incorporarán a los programas básicos generales de salud mental y a nivel de servicios psiquiátricos.
3. En relación a los hospitales, la disposición establece que el Plan Nacional de la Salud Mental incluirá la humanización del ambiente terapéutico y la creación de una red descentralizada de servicios de atención psiquiátrica incorporada a la atención primaria y a los sistemas locales de salud.
4. En Venezuela, la Resolución No. 1223 de 15 de octubre de 1992 resalta la responsabilidad del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS) en procurar la atención médica integral del enfermo mental con miras a lograr su rehabilitación y la adaptación al medio social. La norma, que también hace referencia a los principios contenidos en la Declaración de Caracas, dispone que los hospitales generales adscriptos al MSAS estudiarán y adoptarán medidas pertinentes a la hospitalización de los pacientes psiquiátricos agudos, garantizando un cupo mínimo de 10% de sus camas.
5. Se prevén asimismo servicios ambulatorios de atención médica adscriptos a las Direcciones Regionales del Sistema de Salud, que también deberán incorporar progresivamente en sus programas de atención primaria los recursos necesarios para asistir a los pacientes que hayan sido dados de alta por las respectivas instituciones hospitalarias y que requieran controles periódicos en su tratamiento hasta la recuperación total. Finalmente, la disposición recomienda que la División de la Salud Mental, conjuntamente con cada Dirección Regional del Sistema de Salud, antes de abrir nuevos establecimientos de la larga estancia conferirán prioridad al diseño y la ejecución de programas alternativos de atención y protección al enfermo mental crónico y su familia, a través de servicios tales como hospitales/día, hospitales/noche, hospitales de fin de semana, unidades de transición, hogares intermedios y otros que sean necesario.
6. Colombia inició su proceso de revisión normativa desde el ángulo de los derechos humanos y civiles de los pacientes mentales. A través de la Resolución Ministerial No. 2.417 de 2 de abril de 1992, se emitió un decálogo de derechos de los pacientes mentales que incluye:
• Derecho de ser tratado con la dignidad y el respeto debidos.
• Derecho a no ser diagnosticado ni tratado como enfermo mental por razones políticas, sociales, raciales o religiosas, ni por otro motivo ajeno a su enfermedad.
• Derecho a recibir la atención y el tratamiento apropiados según las más elevadas normas técnicas y éticas.
• Derecho a ser informado de su diagnóstico y el tratamiento más adecuado y menos peligroso y de prestar o negar su consentimiento para ejecutarlo.
• Derecho a no ser objeto de pruebas clínicas ni de tratamientos experimentales sin su consentimiento informado.
• Derecho a que sus antecedentes personales, fichas e historias clínicas se mantengan en reserva y a tener acceso a esa información.
• Derecho a recibir o rechazar auxilio espiritual o religioso.
• Derecho a no ser discriminado en el goce y ejercicio de sus derechos en atención a su estado de salud mental.
1.
2. Más allá de la incorporación de los principios de Caracas en sus piezas legislativas, los países comenzaron a preocuparse por llenar vacíos en áreas donde no existía regulación aplicable. Nuevamente en el caso de Venezuela, en 1992 se emitió el Reglamento para Establecimientos Psiquiátricos de Larga Estancia. En el mismo se analizan aspectos relativos al trato humanitario de los pacientes, su libertad individual y su seguridad; al ingreso de pacientes a la institución; a la atención profesional y técnica y a los cuidados especiales; a los registros y a las responsabilidades por lesiones y daños causados a los mismos.
3. La norma también contiene disposiciones aplicables al aislamiento y contención física del paciente; la higiene y autocuidado; los medicamentos; la alimentación; las actividades relacionadas con la comunidad; los permisos, egresos, reingresos y fugas; la evaluación y supervisión; los decesos; al tratamiento ambulatorio y régimen de hospital-día y a los requisitos para las edificaciones de los establecimientos de larga estancia.
Con este fin, la norma establece que el tratamiento de los trastornos mentales abarca la prevención de la enfermedad, así como la atención y la rehabilitación de los pacientes, la rehabilitación de los pacientes crónicos, las personas con discapacidades mentales, los alcohólicos y los farmacodependientes.
4. El Acuerdo Ministerial nicaraguense No. 31-93 abordó el tema desde la perspectiva de la promoción de la salud mental, recalcando la necesidad de educación, recreación y la prevención de los trastornos mentales.
En cualquier caso, la internación debe cumplir con principios éticos y sociales, y los requisitos científicos y legales que establezca el Ministerio de Salud y las normas aplicables.
5. La internación de los pacientes mentales deberá realizarse en todos los centros de salud u hospitales de los Sistemas Locales de Atención Integral de la Salud (SILAIS) de donde provenga el paciente, y en última instancia y de manera excepcional, en establecimientos de referencia especialmente destinados para tal efecto.
6. En algunos países la legislación provincial ha sobrepasado el desarrollo de legislación nacional. En 1991, por ejemplo, la legislatura de la Provincia del Río Negro en la República Argentina, emitió la Ley N° 2440 para la promoción sanitaria y social de los pacientes con trastornos mentales. La Ley prohíbe expresamente la habilitación y operación de manicomios y hospitales mentales y psiquiátricos o cualquier otra institución equivalente, pública y privada, que no se atenga a sus disposiciones.
7. También establece que la institucionalización será considerada como el tratamiento de última instancia, a ser utilizado solamente después de que todas las otras posibilidades terapéuticas hayan sido agotadas. Cuando un paciente sea institucionalizado, el fin último de esta medida será lograr su recuperación y reinserción social en el menor tiempo posible.
La duración de la estadía en el hospital debe ser reducida al mínimo en todos los casos. La recuperación de la identidad, dignidad y respeto del paciente con trastornos mentales, expresados en términos de su reintegración a la comunidad, es el objetivo último de la ley y de todas las acciones que esta prescribe.
NUEVOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
La Conferencia de Caracas tuvo lugar en una época relevante para América Latina. En 1990, la mayoría de los países en la subregión habían regresado al sistema constitucional. Este hecho creó un ambiente favorable para la participación de la sociedad civil en esferas que trascienden lo político.
A diferencia de épocas anteriores en que los esfuerzos se concentraban en la defensa de los derechos políticos, el nuevo escenario creado por la democratización cedió a nuevas preocupaciones como la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
Es interesante observar que la mayoría de las Constituciones sancionadas a partir de la segunda mitad de los años ochenta (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) contemplan la protección de los derechos colectivos y los intereses, entre qué especifican claramente, la salud pública y los derechos de consumidores, así como otros relacionados con la calidad de vida.
Esta modalidad del trabajo incorpora no solo a profesionales de salud mental, sino también a asesores jurídicos de los ministerios de salud, legisladores, funcionarios del poder judicial y de las defensorías de derechos humanos, académicos, expertos en rehabilitación, confederaciones de trabajadores y organismos no gubernamentales especializados en la defensa de los derechos humanos. Se ha hecho así posible la convergencia de escuelas, teorías y grupos profesionales en general.
La incorporación de legisladores en este tipo de debate adquiere importancia fundamental, ya que se ha notado que la mayoría de los profesionales de salud se muestran un tanto renuentes a relacionarse con los órganos legislativos, e intentan alcanzar objetivos fuera o independientemente de un marco legal que respalde la iniciativa. La mayoría de los países de América Latina han tenido éxito en incorporar a los parlamentarios interesados al diálogo de salud mental (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela).
Además de la actualización de legislación de salud mental, la Conferencia de Caracas ha incentivado el fortalecimiento de otras estrategias de trabajo como son:
• La creación de grupos para la defensa de los derechos humanos y civiles de los pacientes mentales (Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay).
• La sensibilización del poder judicial en la resolución de los causas que involucran al paciente mental, como en el caso de la interdicción (Argentina, Colombia y Chile).

POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN EN SALUD MENTAL
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1990 a través del documento denominado Declaración de Caracas, formula la filosofía y la orientación de los servicios de Salud Mental en la región en los que se contempla las políticas de Salud Mental especificas y descentralizadas, los planes y programas que incluyen asistencia comunitaria y atención primaria atendidos por equipos multidisciplinarios. Se promueve la consideración de los derechos de los pacientes y los estándares asistenciales necesarios, así como las legislaciones especificas y las pensiones de discapacitados mentales.6 En realidad este pronunciamiento de la OPS fue el resultado de otros pronunciamientos de organizaciones internacionales y experiencias en atención a la Salud Mental que se venían realizando desde los años setenta en diversos países del sub-continente.
La mayoría de los países en la región de las Américas, no poseen una legislación que específicamente contemple los derechos de las personas y sus familiares con trastornos mentales.7 Los gobiernos y la sociedad en general tienen conocimiento limitado de los estándares internacionales y normas generales de derechos humanos que constituyen la guía normativa y axiológica para el respeto a las personas que padecen estos trastornos mentales y del comportamiento; por lo que, ante las reiteradas violaciones de los derechos de esas personas, organismos internacionales, regionales y los gobiernos toman sus bases en los siguientes estándares e instrumentos:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (O.N.U, 1948)
- Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1953).
- Convención Americana de Derechos Humanos (O.E.A, 1978)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (O.N.U, 1976)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (O.N.U, 1976).
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, conocida también como Declaración Americana (O.E.A, 1992).
Otro elemento obligante a considerar para las políticas y legislaciones es que la salud mental es una categoría muy diferente a las categorías psiquiatricas tradicionales, ella esta mas ligada a lo social, a lo económico y a lo político por tanto, alejado de las categorías médico-psicológicas como normal/anormal, salud emocional/trastorno del comportamiento, las cuales son las nociones predominantes en las políticas asistencialistas de toda la región.
Por estas razones no se duda en aseverar que no puede haber salud mental sin ciudadanía, como no hay ciudadanía sin democracia; además, mientras mas tutelada sea la ciudadanía, mas frágil será la salud mental y cuando mas emancipada sea la ciudadanía, de mayor salud mental individual y colectiva goza la sociedad.
DESDE LO LOCAL: SALUD MENTAL Y ASISTENCIA
En Venezuela la Comisión Ministerial Interdisciplinaria e Intersectorial, creada mediante decreto presidencial No 549 del 6 de febrero de 1995, entregó en julio de 1997 el Anteproyecto de Ley de Protección y Atención Integral a las personas con trastornos mentales el cual reposa en la Procuraduría General de la Republica. Por su parte el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad social, contempla artículos referidos a la necesidad de una Ley de Salud Mental.8
Las aportaciones de Luiz Carlos Brasser Pereira, sobre los derechos republicanos resultan pertinentes al caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pues apunta hacia los derechos económicos, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas. Es decir, son derechos, cívicos, de interés publico, que además de colectivos están vinculados al patrimonio histórico-cultural, el patrimonio ambiental y al patrimonio económico común.
El Sistema Publico Nacional de Salud en el país, manifiesta una evidente falta de integración de las políticas, planes, programas y proyectos de salud mental y atención psiquiatrica pues así se evidencia en la realidad sanitaria actual expresado, por ejemplo, en la negativa frecuente de asistir a personas con trastornos mentales en los establecimientos de salud publica cuando es el caso de requerir de atención por un padecimiento somático.
En el mismo sentido, la atención psiquiátrica se corresponde al modelo asistencial tradicional cargado de un intenso corte manicomial centrado en los síntomas de la enfermedad mental para tratamientos farmacológicos, el cual aisla a las personas de su entorno socio familiar y atenta con la violación de los Derechos Humanos y un alto riesgo de la cronificación de los síntomas mentales.
Otros aspectos como la pobreza, la exclusión social y la creciente vulnerabilidad económica y social de la mayoría de la población, indica que no se han consolidado los derechos sociales y en consecuencia la ciudadanía; las condiciones y calidad de vida de los venezolanos han desmejorado notablemente y por lo tanto la salud mental cada vez más débil y precaria en densos sectores de la sociedad. Esta situación trae como consecuencia mas visibles, escasas oportunidades de igualdad y superación a través de la educación y el trabajo, generando bajo desarrollo humano, desempleo e incremento de problemas sociales como la violencia y la inseguridad.
La Asistencia Institucional tradicional esta caracterizada por dirigir las acciones sanitarias solo a sujetos enfermos en el clima manicomial, señalado anteriormente, con largos periodos de encierro, de separación de la familia y la comunidad que ocasiona, en oportunidades, pérdida de la identidad personal y social de los sujetos y un proceso de "desciudadanización". Frecuentemente ocurren violaciones a los Derechos Humanos como es el derecho a ser tratado con humanidad y respeto, el derecho a una admisión voluntaria, derecho a la privacidad y libertad de comunicación, el derecho a recibir tratamiento en la comunidad, derecho a proporcionarle consentimiento informado, derecho a recurrir a un tribunal independiente e imparcial que determine la legalidad de su ingreso al hospital psiquiátrico, etc.
Por otra parte, de mayor trascendencia e impacto social resulta el hecho de que estas intervenciones asistencialistas no se ocupan de la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de las personas y tampoco se ocupan de la prevención de los trastornos mentales ni de la promoción de la salud mental individual y colectiva. La mayor carencia, según nuestra óptica, es que no se desarrollan acciones de prevención de danos ni de promoción de salud mental para la participación de la familia y construcción de ciudadanía.
Otra modalidad es la de Atención en Comunidad Terapéutica en la cual el paciente pasa a ser protagonista de su propio tratamiento y curación junto al personal de salud. Se instituyen normas consensuadas y compartidas de funcionamiento, hay estructuración del tiempo y todas las acciones y actividades programadas conjuntamente en la institución. Tienen una finalidad terapéutica, es decir, están orientadas al logro de la cura de las personas allí asistidas.
Esta modalidad de atención y tratamiento indudablemente constituye un avance y un logro en la terapéutica mental y en el respeto de las personas que padecen esos trastornos del comportamiento. Lo podríamos considerar una humanización en la concepción de la enfermedad mental y su tratamiento; no obstante, no ha tenido la extensión, cobertura e interés en las políticas asistencial en salud mental.
En definitiva los servicios institucionales para la salud mental del país se han orientado mas en la atención de enfermedades que hacia la prevención y la promoción de la salud mental. Por otra parte no se puede decir que en Venezuela exista una cultura comunitaria hacia la salud mental que debiera enfatizar la promoción y conservación de la salud mental individual y colectiva para el ejercicio de estilos de vida saludables, el disfrute de calidad de vida satisfactoria y el ejercicio de la ciudadanía.
Por el contrario, la participación de la comunidad, en los programas de salud mental, ha tendido a circunscribirse a las utilizaciones de servicios disponibles, al otorgamiento de aportes comunitarios en trabajo y recursos, o a la colaboración de la comunidad en la ejecución de acciones puntuales, previamente decididas y orientadas por la institución prestataria. Este tipo de participación, institucionalmente tutelada y restringida a la cooperación con los servicios públicos de salud, tiende a desfallecer y consumirse en corto plazo pues solo son estimuladas desde las instituciones de salud y no como respuesta a las necesidades sentidas en la comunidad ni su cultura en salud mental.
Para finalizar, la participación de la comunidad deseable en cuanto a la salud mental, como sostiene Bustelo, citado por López Ibor Alino, consiste en superar la ciudadanía asistida y lograr la construcción de una ciudadanía emancipada. Nos aplicamos a la situación local del país el que no puede haber salud mental sin ciudadanía, así como no se concibe ciudadanía sin democracia.10
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932009000200009&lng=es&nrm=iso

Derechos de los pacientes psiquiátricos y atención psiquiátrica



Los derechos de los pacientes psiquiátricos a ser reconocidos como persona, implica una reestructuración no-solo de la Atención médica psiquiátrica, sino de todo un paradigma médico, biologicista, reduccionista. La defensa y protección eficaz de los Derechos Humanos de los pacientes, ciudadanos sujetos de Derechos, es la base fundamental para concebir, una organización de la atención medica psiquiátrica de nuevo tipo y una planificación de las políticas publicas en la materia, que aborde las soluciones a la problemática estructural.
Los principios de la igualdad, la no-discriminación, la no-exclusión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, son principios básicos lesionados en el ejercicio de la atención de nuestros pacientes psiquiátricos, tanto por la familia, la sociedad en general, así como por médicos, personal para-médico, abogados, juristas, y otros agentes de justicia, etc.
Primer aspecto:
La Salud Integral, que lleva en si misma el concepto de Salud Mental, como un derecho social fundamental, es una manifestación del derecho a la vida en condiciones de dignidad, indispensable e interdependiente para el disfrute y goce del resto de los derechos sociales, económicos y culturales.
Uno de los objetivos de la Defensoría del Pueblo, es proteger el derecho a la salud y velar por que el estado garantice, promueva, y desarrolle políticas públicas en salud mental, que eleven la calidad de vida de los pacientes psiquiátricos, el bienestar colectivo de estos ciudadanos y el principio de accesibilidad de los mismos a los servicios dispensadores de atención médica psiquiátrica, de una asistencia integral y por supuesto, su inclusión en la dinámica social, que le permita trabajar, estudiar, en fin integrarse a la familia, a la comunidad y a la sociedad.
La Atención Psiquiátrica Hospitalaria, con una "visión manicomial", no puede lograr la resocialización e integración del individuo a la familia y a la comunidad. Por ello insistimos en reafirmar la necesidad de la estructuración de una Asistencia ambulatoria integral, integradora, interactiva, permanente. Ello podría fortalecer, realmente, la prevención, como la meta de la Medicina Psiquiátrica.
Segundo aspecto:
En materia legislativa debe promoverse la discusión de un instrumento de promoción, defensa y vigilancia de los Derechos Humanos de los Pacientes Psiquiátricos. El Anteproyecto de Ley, presentado ante la Comisión de Salud del extinto Congreso de la Republica, debe ser rescatado, modificado y ajustado al nuevo marco constitucional de la nación. Este instrumento legal llenaría el vacío existente en la legislación venezolana. La argumentación sobre porqué establecer una ley para los pacientes psiquiátricos es discriminatoria, se cae por su propio peso. En virtud, que no se habla de malos tratos, vejámenes en caso de otras enfermedades. Creemos firmemente que el paciente psiquiátrico es un débil jurídico y se le vulnera, continuamente, su condición de persona humana. Este instrumento legal, blindaría su igualdad de condición, garantizarían sus derechos y la promoción de un modelo de asistencia integral y participativo.
Tercer aspecto:
Vendría a ser el adiestramiento del médico especialista en materias como Derechos Humanos, Bioética, Derecho Médico y más allá aún, INTEGRAR UNA VISIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A LA FORMACIÓN MÉDICA DEL PSIQUIATRA.
El gremio médico, y especialmente los psiquiatras, como actores sociales co-responsables y como representantes del Estado en centros psiquiátricos, de atención de hospitalizados o de control ambulatorio, de asistencia publica y privada, deben manejar los conceptos de Derechos Humanos y la nueva legislación venezolana (CRBV, COPP, LOPNA, etc.) para promover la defensa y garantizar los DDHH.
En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (adoptada por la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en New York del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados), salud es definida como ".... la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades......"
Hoy día, 1500 millones de habitantes en el mundo, se consideran que padecen de algún tipo de desorden psiquiátrico, incluyendo desorden mental, trastorno de conducta y uso y abuso de sustancias tóxicas o dañinas. Un tercio de ellos pueden estar afectados por más de una. Tres cuartos de los afectados viven en países en vías de desarrollo.
Establecer un concepto de Salud Mental tiene implicaciones, no solo paradigmáticas y clínicas, sino inclusive jurídicas, laborales y sociales. Pues sobre el concepto y la experticia del especialista, puede salvaguardarse o vulnerarse a un individuo.
Localmente, en Venezuela, en Junio de 1993, el Psiquiatra José Luís Vethencuort estableció un concepto de "Salud Mental", a partir de la diferenciación del concepto de adaptación social, la felicidad y la calidad de vida y define: "La Salud Mental es la capacidad para sufrir y para gozar en estado de libertad interior, pero real en el adentro y en el afuera y en adecuada proporción al motivo de sufrimiento o de goce (...) se reducen en el fondo a la fuerza para enfrentar el sufrimiento real y la capacidad para el goce equilibrado".
Es evidente que la Salud Mental, es un concepto interdependiente a la Salud Integral, ya que el ser humano es una unidad indivisible, inserta en un mundo social que hace a la familia humana.
La definición de Derecho Humano, es todo aquello inherente a la persona humana y a la dignidad del ser. Lleva consigo un concepto de Salud Mental.
De las Memorias de la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica, realizada en Caracas, entre el 11 y 14 de Noviembre de 1990, podemos extraer los Derechos básicos de los pacientes psiquiátricos:
• Derecho del enfermo mental a ser tratado en todo momento con la solicitud, el respeto y la dignidad propias de su condición de persona.
• Derecho a no ser calificado como enfermo mental ni ser objeto de diagnósticos o tratamientos en esa condición, por razones políticas, sociales, raciales, religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de su salud mental.
• Derecho a recibir la mejor atención y tratamiento apropiados y menos restrictivo, según las mas elevadas normas técnicas y éticas.
• Derecho a ser informado sobre su diagnostico y el tratamiento mas adecuado y menos riesgoso, y de prestar y revocar su consentimiento para ejecutarlo.
• Derecho a no ser objeto de pruebas clínicas experimentales sin su consentimiento informado.
• Derecho a que sus antecedentes personales y fichas e historias clínicas se mantengan en reserva y a tener acceso a esa información.
• Derecho a recibir o rechazar auxilio espiritual o religioso, de libertad de conciencia y religión.
• Derecho a recibir educación y capacitación adecuada a su estado.
• Derecho a trabajar y a recibir la remuneración correspondiente.
• Derecho a la personalidad civil y a que su incapacidad para ejercer derechos sea determinada por un tribunal a través de un procedimiento establecido por la ley al efecto.
• Derecho a que en caso de ser inculpado por algún delito u otra infracción criminal, su responsabilidad o imputabilidad se determinen por un tribunal de justicia, según las reglas del debido proceso, en un procedimiento que considere el estado de su salud, con la intervención de profesionales expertos en calidad de peritos.
• Derecho a un recurso eficaz ante un tribunal y mediante un procedimiento simple y expedito fijado por la ley para reclamar de toda acción u omisión que desconozca o lesiones sus derechos.
• Derecho a no ser discriminado ilegalmente en el goce y ejercicio de sus derechos, en atención al estado de su salud.
Instrumentos Básicos
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
Declaración de Luxor, de los Derechos Humanos de los Pacientes Mentales, adoptada el 17 de Enero de 1989.
Declaración sobre implicancia éticas especificas en psiquiatría (Asamblea General de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Hawai), 1977.
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 1999.
Código Orgánico Procesal Penal.
Ley orgánica de protección a la niñez y la adolescencia (LOPNA).1999.
Ley del Ejercicio de la Medicina, 1972.
Declaración de Caracas, 1990 ( Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud).
Decreto N° 3146, Gaceta Oficial N° 3512 de 06-1
Decreto N° 549, Gaceta Oficial N° 35647 de 06-02-95.
Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos psiquiátricos de larga estancia de la División de Higiene Mental del MSAS. Fecha:
Proyecto de Ley de Protección y Atención a las personas con trastornos mentales, 1997

LEY DE SALUD MENTAL
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÌTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL OBJETO:
Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto promover y preservar todo lo concerniente de la SALUD MENTAL, prevenir los trastornos mentales en el ejercicio de los derechos de las Personas, y contribuir al desarrollo de un SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD que garantice la Salud a toda la Población de la República bolivariana de Venezuela, tanto al individuo y la familia, como a la sociedad, en la prestación de servicios que les asegure adecuado tratamiento y les procure rehabilitación y reincorporación social, con la participación protagónica de la sociedad organizada.
CAPITULO II
DE LA PROTECCIÓN:
Artículo 2: Las disposiciones de esta Ley protegen a toda la población venezolana y extranjera residente, independientemente de su edad, sexo, nivel socioeconómico, etnia o credo al que pertenezcan.
DE LA ATENCIÓN AL EXTRANJERO:
Artículo 3: Los extranjeros que encontrándose en situación irregular en el territorio nacional, presenten evidencias de algún trastorno mental, y requieran atención medica, 9
serán atendidos con la debida urgencia y el Director del Establecimiento de Salud correspondiente notificará de inmediato al Ministerio de Relaciones Interiores para los trámites correspondientes a la embajada o al consulado del país respectivo, según el caso, para que una vez superada su crisis de salud, sean enviados a su país de origen, con el informe clínico respectivo, expedido por el equipo de salud que los asistió y con la conformación de la Dirección del establecimiento donde fueron atendidos.
CAPÍTULO III
Artículo 4: A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
1) Salud Mental: Es un estado variable de las personas y de los grupos para ínter actuar con su entorno socio cultural, con la finalidad de promover el máximo bienestar posible y el desarrollo y uso optimo de sus potencialidades psicológicas relacionadas con la cognición, afecto y los eventos sociales, para el logro de metas individuales y colectivas, en concordancia con el bien común y una visión ética de la vida.
2) Promoción de la Salud Mental: Es el conjunto de medidas y acciones desarrolladas para mejorar la calidad de vida, tendentes a estimular modos, condiciones y estilos de vida saludables, con la finalidad de motivar y capacitar a las personas y grupos humanos, para corregir situaciones perjudiciales de su entorno social y natural.
3) Trastorno mental: Es el desajuste biológico, psicológico y social de la persona que determina una limitación temporal o permanente en su vida de relación.
4) Prevención: Es la aplicaron racional de procedimientos y medidas medico-sanitarias, psicológicas, educativas y sociales para evitar la aparición de trastornos mentales en la población o, minimizarlos y controlarlos una vez que se presenten.
5) Tratamiento: Es la aplicaron racional de procedimientos y medidas biológicas, psicológicas y sociales, por medio de un equipo interdisciplinario de salud, con la finalidad de atender oportuna, eficaz, eficiente y científicamente a las personas que padezcan trastornos mentales.
6) Rehabilitación: Es la aplicación racional de procedimientos y medidas medicas, educativas, reeducativas, sociales y vocacionales, por medio de un equipo interdisciplinario, con el objeto de adiestrar a la persona que ha sufrido trastornos mentales, para tratar de llevarla, de acuerdo a sus capacidades reales o potenciales, a los niveles más altos de su funcionalidad.
7) Reincorporación social: Es la nueva reintegración o reincorporación de la persona con trastornos mentales tratada y rehabilitada a su entorno familiar, educativo, laboral y comunitario.
8) Discapacidad por trastornos mentales: Es la restricción o ausencia de la capacidad, para realizar una actividad en la forma considerada habitual en el medio social de la persona, debido a trastornos mentales.
9) Psicoeducacion: Es la difusión de información sobre trastornos mentales, los factores que la generan, su tratamiento, rehabilitación y pronostico, para su cabal comprensión por familiares y miembros de la comunidad.
10) Residencia comunitaria protegida: Es una alternativa de atención social con un cupo de 50 pacientes, cuyo funcionamiento deberá estar autorizado por el Ministerio de la Salud, donde las personas con trastornos mentales que requieran protección permanezcan el tiempo adecuado y bajo el cuidado de un equipo capacitado en salud 10
mental,
11) Establecimiento psiquiátrico de larga estancia: Es un hospital u otro centro asistencial de carácter publico o privado, destinado a la atención de pacientes con permanencia superior a los cuarenta y cinco días.
12) Equipos de Atención Domiciliaria: Es el personal de salud mental que tiene la finalidad de asistir a las personas con trastornos mentales que puedan ser tratadas en su hogar, cuando en este existan condiciones adecuadas.
13) Centros Comunitarios de Capacitación y Rehabilitación: Son los espacios de infraestructura y Personal adecuados que tienen como objetivo actualizar, capacitar y acreditar, para la reincorporación de las personas con trastornos mentales a la vida familiar, a la comunidad y al trabajo, las cuales funcionan dentro o afuera de los hospitales.
14) Comunidad: Es un conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos, necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole.
15) Comités de Salud: Es una organización de base comunitaria para facilitar la participación de la población en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de salud y calidad de vida. Puede ser promovido desde los Consultorios Populares, Centros Diagnósticos Integrales, los Hospitales del Pueblo y por propia iniciativa de los vecinos, en función del desarrollo integral de las personas en el ámbito ciudadano y colectivo.
16) Consejos Comunales: En el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.
17) Comités de Ética: Es la organización con funciones de vigilancia, orientación, promoción y consulta acerca de los derechos de los usuarios. El Comité deberá estar integrado interdisciplinariamente por las personas con trastornos mentales, sus familiares y representante de la comunidad. Sus miembros actuaran ad-honorem.
18) Orientación Manicomial: Es la que, mediante la atención hospitalaria, permite:
1.- Que la atención psiquiátrica convencional impida los objetivos compatibles con la Atención Comunitaria.
2.- Que el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculice el logro de los objetivos antes mencionados al:
a) aislar al enfermo de su medio, generando de esta manera mayor discapacidad social,
b) crear condiciones desfavorables que pongan en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo,
c) requerir la mayor parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental,
d) impartir una enseñanza insuficientemente vinculada con las necesidades de la salud mental de las poblaciones, de servicios de salud, y otros sectores. 11
TITULO II
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Artículo 5: El Estado garantizará que las personas con trastornos mentales gocen de todos los derechos inherentes a la persona humana, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, salvo las limitaciones legales establecidas para su protección.
Artículo 6: Todas las personas con trastornos mentales tienen derecho a la protección de la salud en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las leyes.
Artículo 7: Toda persona con trastornos mentales deberá ser tratada con el respeto inherente a su condición de ser humano.
Artículo 8: Toda persona con trastorno mental tiene derecho a la rehabilitación que se corresponda al requerimiento de la modalidad de tratamiento actualizado y adecuado, así como, una vez que sea indicado por sus facultativos, a la resocialización, con la reinserción social que le permita o se le facilite un desempeño favorable en su entorno social.
Artículo 9: El Estado garantizara a las personas con trastornos mentales, albergue y alimentación digno; así como el tratamiento adecuado indicado por el personal médico. Los familiares de dichas personas deberán contribuir con el Estado en la medida de sus posibilidades.
Artículo 10: Toda persona con trastornos mentales, tiene derecho a recibir atención oportuna y tratamiento adecuado y, en la medida de lo posible, en la comunidad en la cual habita, de acuerdo con las normas técnicas vigentes y los principios éticos. Por lo que se elaborará una Resolución que contemple los medios de abordajes del tratamiento específico.
Articulo 11: Toda persona con trastornos mentales, representantes o familiares, tienen derecho a ser informada oportuna y directamente o, mediante su representante o familiar más cercano, por el medico tratante sobre su estado de salud. El medico deberá emplear términos razonables para su cabal comprensión, indicando además el tratamiento y pronostico de los trastornos.
Artículo 12: Ninguna persona que padezca trastornos mentales podrá ser objeto de pruebas clínicas ni de tratamientos experimentales sin su consentimiento, o el de su representante legal o familiar más cercano, expresado por escrito mediante documento público o en presencia de dos (2) testigos.
El medico tratante deberá informar a quien corresponda otorgar el consentimiento, de todos los pormenores y consecuencias que le acarreara la prueba clínica o el tratamiento experimental, a la persona que padece trastornos mentales, de tal manera que el consentimiento sea otorgado con pleno conocimiento de causa. 12
Artículo 13: Toda persona con trastornos mentales tiene derecho a que su historia clínica y los documentos anexos o relacionados con la misma se mantengan en reserva, salvo en excepciones legales.
Además, en caso de traslado de un lugar o establecimiento a otro, el Director del establecimiento hospitalario deberá entregarle al paciente o a su representante o familiar más cercano, informe medico detallado el cual contendrá entre otros el diagnostico, su tratamiento y pronostico para la consideración del Establecimiento receptor.
Artículo 14: Toda persona con trastornos mentales tiene derecho a recibir educación y capacitación adecuada a su estado de salud, como parte del tratamiento para su incorporación a la sociedad.
Artículo 15: Toda persona con trastornos mentales tiene derecho a trabajar según sus capacidades y a recibir la remuneración correspondiente. Previo informes clínicos y laborales.
Artículo 16: Las compañías aseguradoras, reaseguradoras y afines deberán incluir dentro de la cobertura de sus pólizas, los trastornos o enfermedades mentales en igualdad de condiciones que otras patologías médicas. Igualmente, el Estado garantizará que los ajustes en las primas sean proporcionales con el riesgo asumido; supervisará y aprobará con el ente estatal que tenga competencia.
Artículo 17: Los menores de edad con trastornos mentales, tiene derecho a la protección del Estado y bajo los términos establecidos en la presente ley y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Artículo 18: Toda persona con trastornos mentales tiene pleno goce de sus derechos mientras no sea declarada incapaz, incapacidad civil deberá ser declarada por un tribunal competente, de conformidad con lo previsto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Una vez que desaparezcan las causas de su incapacidad, tiene derecho a ser rehabilitada en el ejercicio de sus derechos.
Artículo 19: Las personas con trastornos mentales, en caso de ser inculpadas por algún delito o falta, tienen derecho a que su responsabilidad o inimputabilidad se determine por un tribunal de justicia, según las reglas del debido proceso, en un procedimiento que considere el estado de su salud mental.
TITULO III
EL ORDEN ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DEL NIVEL CENTRAL
Articulo 20: El Ministerio de la Salud como órgano rector normará, asesorará, 13
planificará, supervisará y evaluadora y en todos aquellos aspectos que considere necesario, con el fin de promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y, mantener y mejorar la calidad de la atención integral de las personas con trastornos mentales.
Artículo 21: El Ministerio de la Salud es el organismo rector encargado de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, de la normativa en el área de su competencia, así como de la vigilancia en el cumplimiento de esta Ley, Decretos, resoluciones, reglamentos y normas aplicables en la materia.
Parágrafo Uno: El Plan d Salud Mental es un componente prioritario del Plan General del Ministerio de la Salud.
Parágrafo Dos: Los Servicios sanitarios y sociales previstos para la atención comunitaria se regirán por las normas arquitectónicas que establezca el Ministerio de la Salud.
Parágrafo Tres: El Ministerio de Salud destinará anualmente para el Programa de Salud Mental, los montos en dinero acordes a las necesidades en productos determinados en el Plan Operativo Anual.
Artículo 22: A los fines del cumplimiento de esta Ley, el Ministerio de la Salud, establecerá vínculos de cooperación técnica en materia de salud, con otros organismos nacionales e internacionales.
CAPITULO II
DEL NIVEL CENTRAL Y MUNICIPAL
Artículo 23: Las Direcciones Regionales del Sistema Nacional de Salud son organismos supervisores de los Planes Nacionales y Regionales de Salud Mental, y deben promover la Salud Mental, prevenir los trastornos mentales y organizar, coordinar, integrar, desarrollar y evaluar una Red de Servicios que asegure la atención sectorizada, oportuna, adecuada, efectiva y eficaz de las personas con trastornos mentales en los diferentes niveles de atención de la Salud, siguiendo los lineamientos del Ministerio de la Salud, en materia de Salud Mental.
Parágrafo Único: El Plan Regional de Salud Mental es un componente prioritario del Plan Estadal de Salud.
Artículo 24: Cada Dirección Regional de Salud designará mediante concurso al Coordinador Regional de Salud Mental, quién será la máxima autoridad técnica del equipo en Salud Mental en materia de su competencia en la región y estará encargado de elaborar el plan y los programas regionales, así como de coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los mismos.
Parágrafo Único: El Coordinador Regional debe ser un psiquiatra Titular de la SVP
Artículo 25: Se designará mediante concurso el Coordinador Distrital de salud mental que será la máxima autoridad técnica en esta área.
Parágrafo único: el Coordinador Distrital debe ser psiquiatra Miembro Titular de la 14
Sociedad Venezolana de Psiquiatría.
Artículo 26: La Autoridad Nacional y la Dirección Regional de Salud crearán Equipos Comunitarios y en concordancia con la Contraloría Social y los Comités de Salud, inscritos en los Consejos Comunales, para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley, presididas por los Coordinadores Distritales.
Artículo 27: Las Direcciones Regionales y Municipales de Salud del Ministerio del Poder Popular Para La Salud destinarán de conformidad con el artículo 21 de la presente Ley, los recursos presupuestarios para su cumplimiento
Articulo 28: El Ministerio de la Salud, suministraran de manera adecuada y suficiente de psicofármacos, a los establecimientos y servicios de las Direcciones Estatales, Municipales y Distritales de Salud Mental. Y estará normado por el Reglamento correspondiente.
TITULO IV
DE LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y LA
PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES
Artículo 29: Se declaran de interés público la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. El Estado adoptara los planes, programas y demás medidas necesarias para lograr sendos objetivos. A través del Ministerio de Salud y de otros Ministerios competentes en la materia, diseñará planes y programas nacionales sobre promoción en Salud Mental y la prevención de los trastornos mentales.
Artículo 30: Se declaran como promotores de la Salud Mental a los Ministerios de Salud, Interior y Justicia, Educación, Educación Superior, Desarrollo Social, Alimentación, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, Ambiente y de los Recursos Renovables, los Medios de Comunicación Social, las Misiones de los Programas Sociales, Consejos Locales de Planificación, Comunidades Organizadas, Comités de Salud y los Consejos Comunales.
Artículo 31: Es deber de todo ciudadano y ciudadana, y persona jurídica colaborar en la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales.
Artículo 32: Todo el Personal de Salud y el Equipo de Salud Mental deberán cumplir dentro de sus horas de contratación, actividades de Promoción de la Salud Mental y Prevención de los Trastornos Mentales, de conformidad a la Norma diseñada y programada para tales fines.
Artículo 33: Se declara de interés publico, la constitución de sociedades civiles, asociaciones, cooperativas y fundaciones sin fines de lucro que tengan por objeto promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales, rehabilitar a las personas con tales trastornos e investigar científicamente sobre la materia a que se refiere esta Ley. 15
Articulo 34: El Estado, por órgano del El Ministerio de la Salud y de otros Ministerios competentes, debe informar sistemática y permanentemente a la población sobre medidas prácticas para conservar la Salud Mental, prevenir los trastornos mentales y a los establecimientos a donde acudir, para recibir atención oportuna, eficaz y eficiente, con el fin de lograr cambios de actitudes hacia la Salud Mental y una mayor aceptación e incorporación al entorno socio-cultural de las personas con trastornos mentales.
Artículo 35: Los medios de comunicación social destinarán parte de los espacios gratuitos contemplados en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, con la divulgación y orientación de la población, sobre la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales.
Artículo 36: Las comunidades organizadas planificaran y desarrollaran actividades tendentes a promover la salud mental y prevenir los trastornos mentales en su comunidad.
Artículo 37: Los Ministerios de Educación y Educación Superior establecerá en los diseños curriculares de las Facultades de Medicinas y Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales, Educación y Humanidades, a nivel nacional, programas de promoción de la Salud Mental y de la Prevención de los trastornos mentales.
Artículo 38: Los Ministerios de Educación y Educación Superior establecerá en los diseños curriculares de los Institutos Universitarios que forman personal docente, programas de promoción de la Salud Mental y detección temprana de los trastornos mentales.
Artículo 39: Los Ministerios de Educación y Educación Superior establecerá, en los programas permanentes de actualización de conocimientos para docentes en ejercicio, temas sobre promoción de la Salud Mental y detección temprana los trastornos mentales.
Artículo 40: Los pensa de estudios de los niveles de educación básica, media, técnica diversificada y profesional incorporarán las materias correspondientes para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales.
Artículo 41: Los Ministerios de Educación y Educación Superior, y las Direcciones Regionales, Municipales y Distritales de Educación, a través de las Comunidades Educativas de cada Unidad Educativa, crearán Escuelas de Padres y Madres como instrumentos de promoción de la Salud Mental y prevención de los trastornos mentales.
Artículo 42: El Estado, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables, mantendrá el equilibrio ecológico y prevenir las depredaciones del ambiente que inciden sobre la salud de la población, y en particular sobre la Salud Mental.
Artículo 43: Los Ministerios de Salud, Educación, Educación Superior, Interior y Justicia, 16
y las autoridades regionales, municipales y parroquiales de las entidades federales donde existan comunidades indígenas, promoverán acciones tendentes al respeto y preservación del idioma, prácticas, saberes tradicionales y demás aspectos de su respectiva cultura que pudieran tener influencia en su salud mental.
Artículo 44: El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Nutrición y las autoridades regionales, municipales y parroquiales de las entidades federales donde existan comunidades indígenas, promoverán y desarrollaran programas alimentarios y nutricionales para las mismas, con la finalidad de evitar su extinción y preservar su salud integral.
Artículo 45: Toda empresa pública o privada, promoverán programas de información y orientación sobre el fomento de la salud mental, uso constructivo del tiempo libre y prevención de los trastornos mentales, para su personal activo y jubilado.
TITULO V
DEL DERECHO AL TRATAMIENTO Y A LA ATENCION INTEGRAL
CAPITULO I
DE LA ATENCION SANITARIA Y SOCIAL A LA
POBLACION CON TRASTORNOS MENTALES
Articulo 46: El Estado impulsara la reestructuración de la atención psiquiátrica en el país y la adopción del modelo sectorizado y comunitario de atención a la salud mental, para lograr la atención regional y local de la población, con el fin de evitar el desarraigo familiar y social de las personas que padecen trastornos mentales.
Artículo 47: Las autoridades regionales, municipales y parroquiales crearan servicios sanitarios y sociales para la atención sectorizada y comunitaria de las personas con trastornos mentales. Con este fin se establecerán acuerdos intersectoriales.
Artículo 48: Las Direcciones Regionales, Municipales y Distritales de Salud crearan equipos de atención domiciliaria con la finalidad de asistir a las personas con trastornos mentales cuyas condiciones físicas y mentales así lo exijan según criterio médico.
Artículo 49: Los ingresos a hospitalización psiquiátrica pueden ser:
Voluntarios: cuando la persona solicita atención psiquiátrica por iniciativa propia, en la Emergencia o en la Consulta Externa.
Involuntaria: cuando la persona es ingresada a hospitalización psiquiátrica contra su voluntad, desde la Consulta Externa, Emergencia u Observación,
Parágrafo Único: Cuando se considere indispensable como medida terapéutica o de protección, para la propia persona o para terceros, ésta debe ser indicada por dos médicos, por lo menos uno de ellos psiquiatra, y se notificará al Ministerio Público.
Artículo 50: La atención de las personas con trastornos mentales se realizara mediante la integración de las acciones de salud mental, al sistema nacional de la salud en las mismas condiciones del resto de la población, incluyendo su atención en los Hospitales 17
Generales del país. Esto regirá para la atención de sus trastornos mentales, como en el caso de presentar trastornos físicos de cualquier índole.
Parágrafo Único: Los Hospitales Generales del país asignarán hasta el diez por ciento (10%) de las camas para hospitalización de las personas con trastornos mentales que lo requieran.
Artículo 51 Las personas con trastornos mentales que requieran hospitalización de corta estancia que no pueda ser proporcionada en la región donde residen, podrán ser referidas a Hospitales Generales o al hospital psiquiátrico lo más cercano a su vivienda.
Articulo 52: Los Gobiernos Regionales, Municipales y Parroquiales crearán Residencias Comunitarias Protegidas de 50 camas, como alojamientos donde las personas con trastornos mentales que requieran custodia o supervisión, tanto en crisis o en estado de intercrisis y que puedan vivir en forma transitoria o permanente, bajo el cuidado y la supervisión de un equipo de salud mental. De igual manera, deben promover residencias similares auspiciadas por el sector privado. Las características de cada residencia dependerán de los grupos de edad y las capacidades residuales de la población atendida y su planta física contara con una estructura funcional normalizada.
Parágrafo Único: Aquellas familias que convivan y tengan a su cargo personas con trastornos mentales severos compensados, tienen opción, dos veces al año, a que estas sean ingresadas a una residencia comunitaria, hasta por 60 días continuos. Este beneficio otorgado a la familia, no podrá ser utilizado como sustituto de la hospitalización en crisis.
Artículo 53: Las autoridades estatales, municipales y parroquiales proporcionaran atención sanitaria y social a los indigentes con trastornos mentales, por medio de programas dirigidos específicamente a los mismos.
Artículo 54: En los establecimientos y servicios de atención a la salud mental, se crearan los Comités de Ética, con funciones de vigilancia, orientación, promoción y consulta acerca de los derechos de los usuarios. El Comité deberá estar integrado ínter disciplinariamente los usuarios, familiares y las personas con trastornos mentales, y representantes de la comunidad. Sus miembros actuaran ad-honorem.
Artículo 55: A partir de la promulgación de esta Ley sólo se permitirán nuevas construcciones o remodelaciones de las estructuras hospitalarias existentes, de acuerdo a lo contemplado al artículo 52.
CAPITULO II
DE LA REHABILITACION Y REINCORPORACION
A LA SOCIEDAD
Artículo 56: Todos los servicios de atención a la salud mental elaboraran planes individualizados de rehabilitación, para los usuarios con discapacidades por trastornos mentales. 18
Parágrafo Único: Para la rehabilitación de personas con trastornos mentales en sus aspectos motores, sensoroperceptuales y cardiovasculopulmonares y laborales, deben cumplirse las normas, pautas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud.
Artículo 57: Los Coordinadores Regionales de Salud Mental implantarán un sistema de cooperación intraministerial e intersectorial que facilite el cumplimiento de los planes individualizados de rehabilitación de las personas con discapacidades por trastornos mentales.
Artículo 58: Todos los servicios de atención a la salud mental deben programar y ejecutar actividades de psicoeducación y apoyo a las familias de las personas con trastornos mentales, con el fin de lograr su participación activa en el proceso de rehabilitación y reincorporación social y ayudarlas a asumir su responsabilidad hacia el familiar con trastornos mentales.
Artículo 59: Todos los servicios de atención a la salud mental promoverán la creación de grupos de autoayuda de personas con trastornos mentales, de ayuda mutua de sus familiares, y asociaciones de usuarios y colaboradores de dichos establecimientos y servicios.
Artículo 60: El personal de salud del primer nivel de atención debe orientar a los familiares de las personas con trastornos mentales y a los miembros de la comunidad en la cual habitan, respecto a la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de estas personas.
Artículo 61: Las autoridades estadales, municipales y parroquiales, crearan centros comunitarios que tengan como objetivo la reincorporación de las personas con trastornos mentales a la comunidad y al trabajo, y propiciarán también su creación por las organizaciones contempladas en el Artículo 33 de la presente Ley.
Artículo 62: Los Ministerios de la Salud y Participación y Desarrollo Social, las Gobernaciones las Alcaldías, procurarán la incorporación de las personas con trastornos mentales y de sus familiares, a los programas sociales destinados a auxiliar a la población de menores recursos.
Artículo 63: Las Autoridades políticas de los Estados, Municipios y Parroquias prestarán auxilio económicos a las personas con trastornos mentales, de sus comunidades, que se encuentren en proceso de rehabilitación, con el fin de cubrir gastos de transporte a servicios sanitarios y sociales en donde sean atendidos, adquisición de psicofármacos que no les sean provistos, y cesta básica alimentaria. Los beneficiarios de este auxilio deberán cumplir con los demás requisitos que establezca el Reglamento.
Artículo 64: El Director de cada hospital o establecimiento psiquiátrico de larga estancia está obligado a elaborar un Plan Progresivo de Adaptación a Esta Ley, por lo que desarrollará:
1) Censo de las personas hospitalizadas, para determinar quienes, según criterio medico, puedan egresar. 19
2) Creación de una Sala Intermedia donde se entrene a las personas de uno y otro sexo en condiciones de egreso, en habilidades para la vida en la comunidad.
3) Contactos con los familiares de estas personas, psicoeducación y apoyo a los mismos para la reincorporación de los egresados a sus hogares.
4) Coordinación con los servicios comunitarios sanitarios y sociales intra e intersectoriales que recibirán a estas personas e instrumentarán y ejecutarán sus planes individualizados de rehabilitación.
5) Alta, transferencia y seguimiento de las personas preparadas para el egreso.
6) Medidas para mejorar la calidad de vida de las personas que, por la severidad de su patología y según criterio médico, deban permanecer en el establecimiento hasta tanto puedan ser transferidas a residencias comunitarias protegidas.
7) Provisión de programas adecuados de capacitación, adiestramiento y actualización para el personal que asumirá nuevas responsabilidades, tanto en las salas intermedias como en los servicios comunitarios sanitarios y sociales.
8) Proceso de transformación del establecimiento hacia la Psiquiatría Comunitaria y Social.
Articulo 65: Todos los establecimientos y servicios de atención a la salud mental brindaran a las personas con trastornos mentales y sus familiares, entrenamiento y orientación para la búsqueda de trabajo y, si fuese el caso, orientación sobre oportunidades de capacitación en su propia localidad.
Artículo 66: Las instituciones educativas no discriminaran a las personas con trastornos mentales, cuando deseen ingresar a cualquier nivel o modalidad educativa, si cumplen los requisitos exigidos para su ingreso.
Artículo 67: Los Ministerios de Educación y Educación Superior coordinarán con los Ministerios de la Salud y del Trabajo, el diseño de estrategias educativas y de capacitación laboral para personas adultas con discapacidades por trastornos mentales.
Artículo 68: Las personas con trastornos mentales podrán ingresar a programas de capacitación laboral apropiados para grupos especiales, tales como desertores del sistema educativo, jóvenes desempleados y con discapacidades, si cumplen con los requisitos exigidos para el ingreso.
Artículo 69: El Estado y las empresas privadas no discriminaran a las personas con trastornos mentales en proceso de rehabilitación o rehabilitados, cuando soliciten ingreso a un cargo vacante, si cumplen los requisitos exigidos por el empleador en su oferta de trabajo.
Parágrafo Uno: Se considera de interés público la constitución de organizaciones sin fines de lucro, en cuya nomina un mínimo de treinta por ciento (30%) de los trabajadores sean personas con trastornos mentales en proceso de rehabilitación o rehabilitados. Las Gobernaciones y las Alcaldías promoverán la creación y el funcionamiento de estas organizaciones, las cuales estarán exentas de impuestos, y serán supervisadas por los Ministerios de la Salud y del Trabajo.
Parágrafo dos: Las personas con discapacidades por trastornos mentales que no puedan cumplir la jornada de ocho (8) horas debido a sus limitaciones funcionales, se 20
regirán por una jornada especial de trabajo estipulada en seis (6) horas diarias divididas en dos (2) períodos, con un máximo de treinta (30) horas de trabajo semanal.
CAPITULO III
DE LA ATENCION A LOS PROCESADOS O PENADOS
CON TRASTORNOS MENTALES
Articulo 70: Los procesados o penados con trastornos mentales tienen derecho a la restitución de la salud, a la rehabilitación y a la reincorporación a la sociedad. Los Ministerios de Interior y Justicia, y de la Salud garantizarán los servicios necesarios para el cumplimiento de estos objetivos, según lo establecido en la Ley de Régimen Penitenciario.
Parágrafo Único: Aquellos procesados o penados atendidos en establecimientos de salud mental dependientes del Ministerio de Salud, que se encuentren en condiciones de egreso por criterio médico, deben ser trasladados a su sitio de reclusión por el Ministerio de Interior y Justicia en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación efectiva que se le haga a ese Despacho.
Artículo 71: A los fines del artículo anterior, el Ministerio de Interior y Justicia establecerá acuerdos intra e intersectoriales que faciliten su cumplimiento.
Parágrafo Único: El Ministerio de Interior y Justicia creará un Comité de seguimiento de acuerdos, constituido por la Dirección de Prisiones de ese Ministerio, el Coordinador del Programa Nacional de Salud Mental, un representante del Ministerio Público y un representante de cada ente intra e intersectorial con el que se establezca un acuerdo, para que verifique la ejecución y evaluación de los mismos.
Artículo 72: El Ministerio de Interior y Justicia proveerá progresivamente ambientes adecuados para la prestación de servicios de salud mental en los establecimientos de reclusión penal.
Artículo 73: El Ministerio de Interior y Justicia conformará una Comisión conjunta con el Ministerio de Salud, y el Ministerio Público, para las evaluaciones y supervisiones de las Instituciones Penales, y en donde por orden de los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentren personas con trastornos mentales, para la implementación adecuadamente progresiva de la presente Ley y su seguimiento y control.
CAPÍTULO IV
DE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS MENTALES
Artículo 74: El Estado garantizará la atención oportuna y adecuada a los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales.
Parágrafo único: El estado creará las instituciones hospitalarias especializadas para la atención exclusiva de los niños, niñas y adolescentes. 21
Artículo 75: El Estado desarrollará políticas y programas de prevención de la enfermedad mental para evitar que en su entorno patológico, familiar y social, pueda influir negativamente en su sano desarrollo, con la participación activa de la comunidad organizada.
Artículo 76: El Estado garantizará la aplicación de todos los beneficios contemplados en la Seguridad Social, la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, y la Constitución Bolivariana en lo referente al los niños, niñas y adolescentes con problemas mentales.
Artículo 77: El Estado garantizará la educación procedente con el Ministerio de Educación y Educación Superior para el desarrollo y conocimiento de los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales.
Artículo 78: Los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales tienen derecho a la participación de las actividades de la comunidad organizada, e integrar los Comités de Salud y Consejos Comunales, como parte representativa de la Comunidad donde habitan.
TÍTULO VI
DE LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 79: El Ministerio de Salud y las Direcciones del Sistema Nacional de Salud promoverán y desarrollarán la capacitación del personal de salud para la atención adecuada, oportuna y humanitaria de las personas con trastornos mentales en todos los niveles de la Red Asistencial.
Parágrafo Unos: Esta capacitación debe incluir información para el uso racional de psicofármacos por parte de los Médicos Generales y Especialistas no Psiquiatras.
Parágrafo Dos: Los Equipos de Salud serán capacitados con técnicas psico educativas y rehabilitadoras para la orientación de los usuarios y a la comunidad en general.
Artículo 80: Los Profesionales y Técnicos en proceso de formación, y estudiantes de Ciencias de la Salud o relacionadas con las mismas, tendrán derecho al acceso a las Historias Clínicas de las Personas con trastornos mentales, guardando los principios éticos y deodontológicos sobre la información que éstas contengan.
TITULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES
EN LA ATENCION PSIQUIATRICA
Articulo 81: Quien conozca de la impericia, imprudencia o negligencia por parte de algún miembro del Equipo de Salud o del personal en formación de los establecimientos generales o especializados, en la atención de una persona con trastornos mentales, deberá denunciar el mismo ante la Dirección del Establecimiento, quien procederá de acuerdo con el ordenamiento jurídico y en el Reglamento de esta Ley.
Parágrafo Único: En el caso de personal en formación, de cualquier carrera y nivel de 22
la salud, el responsable es el supervisor directo del estudiante o del Residente Médico.
Articulo 82: En el caso de que un medico solicite una interconsulta para una persona con trastornos mentales, y la misma es diferida o no cumplida en un plazo máximo de setenta y dos(72) horas, el medico solicitante deberá informar el hecho ante la Dirección del establecimiento de salud respectivo y, si tal omisión genera consecuencias perjudiciales para la persona con trastornos mentales, informara también al Colegio Medico correspondiente y se determine la sanción a aplicar, cuando el caso lo amerite.
Articulo 83: Las lesiones físicas, el abuso sexual y la sustracción de pertenencias que ocurran en perjuicio de las personas con trastornos mentales en establecimientos de atención a la salud, deberán ser denunciados ante la Dirección del establecimiento y, según la gravedad del caso, ante el Ministerio Publico, con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria, según se derive el caso.
Articulo 84: Cuando se desconozca la identidad de la persona con trastornos mentales que acuda o es llevada a un establecimiento de la Red de Servicios Regionales, Municipales y Comunitarios de Atención a la Salud Mental, el Director de dicho establecimiento será responsable de que se realicen los procedimientos necesarios y suficientes para determinar su identidad, de acuerdo a los trámites legalmente establecidos en lo organismos nacionales que tengan competencia en la materia. Así mismo, en concordancia con lo establecido en el Artículo 3 de la presente Ley.
Parágrafo Único: Las Autoridades competentes están obligadas a prestar la máxima colaboración en estos casos.
TITULO VIII
DE LA PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE LABORE EN LA ATENCIÓN AL ENFERMO MENTAL
Artículo 85: Todo el personal de salud, profesional y técnico que labore directamente con la atención del enfermo mental, deberás tener un disfrute de diez (10) días continuos, no descontables de sus vacaciones, otorgados cada tres (3) meses.
Artículo 86: Las condiciones del medio ambiente de trabajo deberán reunir la prerrogativa que establece la LOPCYMAT.
TITULO IX
DE LAS SANCIONES
Artículo 87: De acuerdo con la Ley y los reglamentos de cada especialidad sin menoscabo de la Leyes y Códigos que rigen la materia penal u otras que se promulguen.23
TITULO X
CAPITULO I
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 88 : El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República, son el organismo que conforman el Poder Ciudadano, que son los encargados de velar y ejercer las acciones pertinentes para hacer cumplir los derechos de los enfermo mentales.
Artículo 89: Los Ministerios de Interior y Justicia, Educación y educación Superior, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, Ambiente y de los Recursos Naturales Renovable y Juventud, serán los encargados de hacer anualmente las estimaciones presupuestarias para el cabal cumplimiento de esta Ley.
La responsabilidad de los Ministerio aquí involucrados permanecerá igual, y se hará extensiva a cual nuevo Ministerio que sustituya al anterior.
La presente Ley se aplicara con preferencia en todo caso de trastorno o enfermedad mental.
CAPITULO II
Artículo 90: El Pode Ejecutivo procederá a la reglamentación de esta Ley, a partir de la fecha de su promulgación y en el tiempo correspondiente.
Artículo 91: La publicación oficial o privada de esta Ley estará precedida de su exposición de motivos.
Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los
Días del mes de de 200_.